El Caso María Soledad Morales en Catamarca

María Soledad Morales (Valle Viejo, Catamarca, Argentina, 19 de septiembre de 1973 – San Fernando del Valle, Catamarca, 9 de septiembre de 1990) fue una joven estudiante argentina, que resultó asesinada en la ciudad de Catamarca en 1990, por un grupo de jóvenes vinculados a los grupos de poder local, popularmente conocidos como «hijos del poder». El intento por parte de las autoridades de Catamarca de encubrir el asesinato desencadenó una histórica movilización popular que contó con el apoyo de amplios sectores en todo el país, logró el esclarecimiento del homicidio, puso de manifiesto las condiciones semi-feudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas, y produjo un considerable cambio político en Catamarca.

El asesinato de María Soledad y las Marchas del Silencio

En la noche del sábado 8 de septiembre de 1990 María Soledad Morales asistió a la discoteca Clivus, en donde se organizaba una fiesta a fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su colegio. A las 9.30 de lunes 10 de septiembre, su cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional, en las afueras de la ciudad, semidesnudo, con el rostro desfigurado y con signos de violación.

Esa misma semana las versiones boca a boca que caracterizan a los pueblos pequeños comenzaron a señalar que María Soledad había concurrido la noche del sábado 8 de septiembre a una fiesta en la que se encontraban jóvenes pertencientes a familias de clase alta de la provincia, entre ellos Guillermo Luque, hijo del diputado nacional peronista Angel Luque. Simultáneamente la policía provincial encargada de la investigación, el juez interviniente y las autoridades provinciales perteneciente al peronismo, realizaron declaraciones en los medios de comunicación para desmentir las versiones. El jefe de Policía, comisario Miguel Angel Ferreyra declaró:

«Estas versiones son totalmente falsas; solo una mente enfermiza puede estar lanzando estos trascendidos, que no tienen asidero alguno.»

Simultáneamente la investigación aparecía paralizada y sin novedades.

En un hecho sin precedentes en la historia argentina, el jueves 13 de septiembre, las compañeras y compañeros del colegio religioso al que concurría María Soledad, apoyados por la monja Marta Pelloni, organizaron una Marcha de Silencio para pedir por el esclarecimiento. Espontáneamente los vecinos de la ciudad se fueron sumando hasta sumar miles de personas. Las Marchas de Silencio comenzaron a repetirse cada jueves, con mayor y mayor asistencia de la población, hasta que llamó la atención de los medios de comunicación nacionales, que transformaron el hecho en un acontecimiento nacional. Se trataba de una nueva forma de protesta, marchando en completo silencio para pedir justicia.

Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y eventualmente manipuladas. Se tardó más de dos meses en abrir la investigación judicial, y una vez que la justicia intervino, el favoritismo hacia los posibles involucrados fue evidente. En esas condiciones un diputado nacional por Catamarca, Angel Luque, había declarado que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. El escándalo llevó a la expulsión del diputado del Congreso y a que en 1991 el gobierno nacional, a cargo entonces de Carlos Menem, interviniera primero el Poder Judicial de la provincia y luego los poderes ejecutivo y legislativo, destituyendo a a Ramón Saadi, continuador de una larga tradición de gobernadores pertenecientes a su familia, y aliado principal del presidente Menem.

La intervención federal a la provincia, que incluyó el envío del Comisiario de la Policía Federal Luis Patti para aclarar los hechos, también demostró una evidente falta de voluntad de resolución del caso.

En 1993, el director de cine Héctor Olivera, autor de «La Patagonia rebelde» y «La noche de los lápices», realizó «El Caso María Soledad», llevando el asesinato y la impunidad al conocimiento masivo de la opinión pública argentina.
En esas condiciones en 1996 se inició el juicio oral por el asesinato de María Soledad, estando imputados Guillermo Luque y Luis Tula. La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio transmitiéndolo en directo y registró en detalle los gestos de los jueces, que evidenciaron una actitud parcial frente al caso. Los gestos de los jueces fueron reiterados por la televisión nacional y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio.

En 1998 se realizó un nuevo juicio. Las condiciones políticas en el país y en la provincia habían cambiado considerablemente, y el 27 de septiembre Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato y violación de María Soledad Morales, en tanto que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.

El tribunal ordenó asimismo investigar el encubrimiento, pero esta orden nunca fue cumplida. El encubrimiento potencialmente puede alcanzar a la plana mayor de la Policía catamarqueña, el ex gobernador Saadi, el subcomisario Luis Patti y el propio ex presidente Carlos Menem.
María Soledad Morales jamás pudo imaginar ser el principio del fin: inmolada en el florecer de la vida, fue la causa del derrumbe de una dinastía cruel y corrupta.

El 11 de Septiembre de 1990 muchos jovencitos ya imaginaban el imperdible día de la primavera que se avecinaba, con grandes expectativas, tratando de organizar lo que sería el mejor día, mientras que una noticia llegada desde una provincia cercana nos hacía sobresaltar: Matan a una joven en Catamarca, rezaban los titulares de los diarios.

A siete kilómetros de la capital catamarqueña sobre la ruta 38, una adolescente de 17 años y candidata a reina de su colegio yacía sin vida en un descampado, con el cuerpo semienterrado, golpeado y casi desnudo.
comenzaría la odisea de una familia y un pueblo cansado de la corrupción y los ocultamientos de los funcionarios de gobierno.

María Soledad Morales estudiaba en una escuela del departamento Valle Viejo, donde había nacido y era alumna de 5º año en el Colegio del Carmen y San José. La noche del sábado 8 de septiembre había ido a una fiesta en la discoteca Clivus y en la madrugada partió junto a Tula, un joven que, según relatos de compañeros, era su novio.

El lunes 10 a las 9:30 de la mañana unos obreros encontraron el cadáver.
El jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Miguel Ángel Ferreyra, confirmó la identidad de la víctima y la pericia médica determinó que la muerte ”ocurrió por una feroz golpiza que recibió y un paro cardíaco posterior”. Había sido salvajemente violada y, se supo más tarde, muerta por una dosis letal de cocaína, le habían arrancado el cuero cabelludo, quemado con cigarrillos, cortado las orejas, vaciado un ojo, roto la quijada a golpes, desfigurado la cara y aplastado el cráneo. Fue reconocida por su padre por una pequeña cicatriz en una de sus muñecas.
El comisario Ferreyra adelantó que el crimen sería esclarecido en las próximas horas, mientras lanzaba a los padres una exhortación moralista: «Les pido que tengan un mayor control sobre sus hijos. Deben saber quiénes son sus amigos y compañeros. Conocer los lugares a los que concurren y no dejarlos a la deriva. Es fundamental para su seguridad”.
Pasaron las semanas y la investigación se hacía confusa, sin pistas, a pesar de la asistencia de la Brigada de Investigaciones de Catamarca y peritos de la Policía Federal.
Comenzaban los primeros rumores en el pueblo, que algunos implicados en el crimen serían parientes de funcionarios, pronta y sabiamente bautizados como “los hijos del poder”. Los medios de comunicación difundían que en el crimen estaban involucrados los jóvenes Guillermo Luque, Pablo y Diego Jalil y Miguel Ángel Ferreyra, hijo del jefe de Policía provincial, el comisario se encargaba de desmentir estos dichos con mucha garra. El mismo que al hallar el cadáver, había ordenado que lo laven, borrando huellas y señales irrecuperables. Yatasto Noticias.

(Foto. Guillermo Luque)

El obispo de Catamarca, monseñor Elmer O. Miani, trató de echar un manto de culpa generalizado y de paso quedar bien “con Dios y el Demonio”, sosteniendo ”este es un problema de la sociedad, no es la responsabilidad de un estamento de ella, estamos en un momento en que debemos pensar, siendo muy prudentes cuando echemos la culpa”.

Diez días después del asesinato de María Soledad, el jefe ya había intentado convencer a la hermana Martha Pelloni, de la conveniencia de persuadir a sus alumnas del impulso de entregarse a convocatorias, reclamos y marchas. ”Parece que desconfiaran de la Justicia y de las autoridades”, dicen que afirmó, sin ruborizarse. ”No me parece prudente (insistió); se presta para los incitadores del caos.”
Quince días después, el gobernador Ramón Saadi le gritaba a ese mismo jefe de Policía: «No soporto una marcha más”. Veinte días después, el jefe anunciaba su ”renuncia irrevocable”. Más tarde fue acusado de encubrimiento y absuelto en 1991 “por error”.
En el mes de diciembre, el entonces ministro del Interior, Julio Mera Figueroa afirmó que la monja Pelloni «no está en sus cabales” y la acusó de «subversiva”, los sordos ruidos de las marchas del silencio habían llegado a la “Rosada”.

El poder del silencio

Como en Fuenteovejuna de Lope de Vega, el drama donde el pueblo se enfrenta con el poder despótico y feudal, no hay ningún héroe individual encabezando el reclamo, sino toda la comunidad como protagonista, y con un dato curioso en ambos casos: las mujeres son las iniciadoras de la resistencia.
La población catamarqueña, a pesar de no tener pruebas, sospechó desde un principio en la falta de voluntad por parte del poder político de aclarar el crimen de la adolescente.
Por ello, cuatro días después del 11 de septiembre, los vecinos catamarqueños se autoconvocaron para realizar lo que se llamarían “marchas del silencio”, marcando así un hecho sin precedentes en la historia de esa ciudad y de la Argentina toda.
Sin connotaciones políticas, alumnos con sus padres, docentes y el pueblo en general comenzaron a recorrer las calles en silencio, elevando una plegaria al pasar por la Catedral, la Basílica de Nuestra Señora del Valle. Dos mil personas pidiendo Justicia.
El 28 de setiembre de 1990 siete mil personas se congregaron en las calles, con una figura relevante: la hermana Martha Pelloni, rectora del Colegio del Carmen y San José adonde asistía Maria Soledad, y una de las más fervientes luchadoras para que se esclarezca el aberrante asesinato (luego trasladada a la Provincia de Corrientes).
Junto a la madre Ada Morales, su padre Elías Morales, sus amigas del alma y, semana tras semana más y más miembros de la comunidad, algunas marchas llegaron a reunir más de 25.000 personas en una ciudad de 80.000 y una provincia de 200.000 habitantes.

( Vicente Saadi)

La caída del régimen

El jueves 28 de abril de 1991, el Presidente Carlos Menem anunció la intervención federal de la provincia. El gobierno buscaba en ese momento ponerse al frente de las denuncias por corrupción y narcotráfico que se estaban extendiendo e involucrando a funcionarios nacionales y provinciales e incluso, a familiares del propio presidente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidiría la suerte del “gordo” Ángel Luque (mano derecha de Vicente Saadi y padre de Guillermo Luque, principal sospechoso del crimen).
El lunes 8 de abril el diario Clarín había publicado declaraciones de este diputado, en donde aseguraba “tener el poder necesario para hacer desaparecer un cadáver sin dejar huellas”. También declaró que el magistrado Luis Ventimiglia (juez de Instrucción en ese momento) fue sobornado para incriminar a su hijo Guillermo.
Por estos dichos el diputado Luque fue expulsado del Congreso de la Nación: el pacto Menem-Saadi tambaleaba.

Juicio al juicio

Durante la sustanciación del juicio se produjeron infinidad de complicaciones e irregularidades, (los “aprietes” del poder), muchas las declaraciones y muchas las contradicciones. La enfermera Marta Tello, ex jefa de la clínica Pasteur de propiedad de José y Silvia Jalil (familia del intendente cuyo hijo estaba involucrado), expresó que: “en el hospital se decía que la chica había estado en tomografía (…) que se había visto llegar esa madrugada una camioneta Traffic blanca y que bajaron un bulto”.

El 20 de marzo de 1996, la testigo Evangelina Sosa desmintió lo que antes había afirmado, lo cuál había comprometido a Luque, expresando que había sido presionada por los Morales.
Por las contradicciones que tuvo en su retractación y en varios careos, Sosa estuvo a punto de ser detenida por falso testimonio.
Luis Segura, abogado de los Morales, pidió el alejamiento del caso de los jueces Juan Carlos Sampayo y María Alejandra Azar, dos integrantes del Tribunal, por presunta parcialidad en el proceso, además de un incidente escandaloso cuando interrogaban a Sosa: una seña en forma de negación que realizó el vocal Juan Carlos Sampayo a la vocal Maria Azar, gesto captado por las cámaras de TN, a partir de lo cuál las transmisiones fueron suspendidas por el presidente del Tribunal Ortiz Iramain.
La Corte de Justicia Provincial no aceptó la recusación, sin embargo la televisión había desnudado la complicidad ante millones de personas, la justicia estaba ciega.
Ante esto, el juez Ortiz Iramain renunció. Los otros dos integrantes, la jueza Maria Alejandra Azar y el juez Juan Carlos Sampayo, renunciaron posteriormente.  Se debía designar un nuevo Tribunal, comenzando todo a fojas cero.

El nuevo Tribunal estuvo conformado por los jueces Santiago Olmedo, Jorge Álvarez Morales y Rubén Edgardo Álvarez. La Justicia demoró más de siete años en investigar y castigar, y solo a algunos de los responsables, debido al encubrimiento político y policial que tuvo el crimen.

Así fue como el 27 de febrero de 1998, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por «violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes” y a Luis Tula, a 9 años como partícipe secundario.  Yatasto Noticias.
El fallo fue dictado por la Cámara Penal II de Catamarca. Necesitaron 87 días de audiencias, por las que pasaron 372 testigos a lo largo de seis meses. La extensa resolución de los camaristas – 442 carillas – no se limitó a condenar a Luque y Tula. Los jueces también hicieron hincapié en las graves irregularidades que, según determinaron, se habían producido desde el comienzo mismo del caso.
Por eso ordenaron que se abriera una serie de nuevas investigaciones: por la coautoría del crimen, por su encubrimiento, por falsos testimonios vertidos durante el juicio, asociación ilícita y por amenazas contra los padres de María Soledad, entre otras.