Fernando Alesanco presentó su renuncia al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)

Fernando Alesanco, presentó hoy su renuncia a su cargo de presidente del IPV dio a conocer su renuncia en la que expresó lo siguiente:
«Deseo informar que en el día de la fecha he presentado al señor Gobernador de la Provincia mi renuncia indeclinable al cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. La misma obedece a razones personales y profesionales que hacen que me vea en la obligación ética y moral de enfrentar acusaciones infundadas que se vienen vertiendo desde hace tiempo sobre la gestión llevada a cabo en el IPV. Y he decidido hacerlo desde el llano y sin ampararme en ningún cargo. Dejo mi cargo con la tranquilidad de conciencia que me ha acompañado desde mi ingreso a la función pública. En mi desempeño al frente del Instituto Provincial de Vivienda todas las contrataciones se realizaron en el marco de la Ley de Contrataciones de la Provincia Nº 6838, respetando todos los procedimientos y requisitos. Debo destacar que los procesos licitatorios del IPV se encuentran certificados por las Normas ISO, los cuales legalizan los procesos de calidad. Por otra parte, el Instituto cuenta con convenios firmados con los 59 municipios, siendo estos quienes resuelven ejecutar las obras por administración o a través de la contratación de una empresa, sin que tenga este organismo injerencia en ello. Todos los expedientes de contrataciones de obras se encuentran a disposición para ser auditados o pasar vista. Queda como corolario de mi trabajo el haber cumplido con lo que me ordenara el señor Gobernador: más viviendas para más salteños. Y nada puede empañar el orgullo de haber cumplido con esa órden».

La denuncia de Diario El Tribuno: «El presidente del IPV entregó viviendas sociales a familiares»

La madre y uno de los hermanos del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Fernando Alesanco, recibieron una casa cada uno en el último barrio que terminó la Provincia. Se trata de Mirasoles, ubicado en la zona norte de la Capital, junto a la Ciudad Judicial. Ahí, 498 familias ya tienen su hogar. Otros 126 beneficiarios obtendrán las llaves de su nueva vivienda en las próximas semanas. Son algunos de los pocos afortunados entre miles de personas que siguen necesitando un techo propio. En Salta, más de 14 mil inscriptos esperan un sorteo para conseguir un lugar dónde vivir. Se puede decir que los Alesanco son integrantes de una familia con suerte.
La llamativa coincidencia se desprende de información oficial a la que pudo acceder El Tribuno. Maximiliano Alesanco es el hermano menor del responsable del IPV. A través de la resolución 763 del 21 de agosto de 2013 de ese instituto, se le asignó una ubicación entre las flamantes unidades habitacionales de Mirasoles. Maximiliano figura como titular junto a Mariana Torres Jiménez. La casa todavía no está habitada. Los dueños la visitan de vez en cuando desde que se entregó esa etapa del barrio, según dijeron tres vecinos a este medio.
Pero Maximiliano no iba ser el único pariente directo del funcionario en la nueva urbanización. La suerte está con los Alesanco. Mirta Toffoli de Alesanco es la madre del presidente del IPV. Ella fue una de las postulantes que el organismo de viviendas sociales seleccionó para participar en el sorteo de preadjudicación de Mirasoles. Toffoli entró en un listado de “casos especiales” y finalmente resultó elegida en un procedimiento que se concretó el 28 de junio de 2010 en Enjasa.
En ese entonces, Fernando Alesanco no estaba al frente del IPV, como sucedió cuando firmó la resolución que le adjudicó una casa a su propio hermano. Sin embargo, tenía el influyente cargo de coordinador financiero del Ministerio de Economía.

Madre y hermano recibieron casa nueva
Fue el 29 de octubre de 2012 cuando Alesanco quedó al frente del IPV. Las llaves de las nuevas propiedades de Mirasoles se empezaron a entregar el 19 de junio de este año. Entre tantos que esperaban el ansiado techo propio estaban la madre y el hermano. En su nuevo rol, Alesanco, firmó las actas con las ubicaciones de sus parientes en la urbanización levantada al lado del barrio El Huayco y de la Ciudad Judicial, una de las zonas más pujantes de Salta.
La ley nacional 25.188, de ética pública, establece prohibiciones e incompatibilidades para los gobernantes. La norma habla de “rectitud”, “austeridad republicana” y de privilegiar “el interés público sobre el particular”. De manera más concreta, también dice que los funcionarios deben “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares”.
Por estos días, los nuevos vecinos trasladan sus pertenencias y levantan las medianeras en Mirasoles. Algunos pocos adinerados hasta edificaron un segundo piso en las nuevas casas. Es un lindo vecindario. Por la tarde se llena de chicos que andan en triciclo o bicicleta. Los autos circulan despacio y con prudencia.
Pero el barrio no estuvo abierto a todos los salteños con necesidades habitacionales. El primer filtro fue económico. El IPV fijó un plan de ahorro previo con un piso de $36.000 para comprar el terreno. Los postulantes podían hacer un solo pago, con un descuento del 10% u optar por una cuota inicial de $18.000 y otras doce de $1.500.
“El procedimiento para ingresar a este plan consiste en una primera instancia en la inscripción en forma personal durante febrero de 2010. Luego, se procede a preseleccionar y cotejar los datos aportados por los aspirantes y, en tercera, instancia se realizará el sorteo de adjudicación”, indicó el IPV en una publicación oficial del Consejo Nacional de la Vivienda. De esa forma, el organismo salteño parece haber blanqueado que los funcionarios podían “preseleccionar” a quienes participaban de los sorteos.
“Alesanco” no es el único apellido que se repite en la lista de nuevos propietarios de Mirasoles. También hay otros, poco comunes en Salta, que se reiteran llamativamente en la acotada nómina de seleccionados para recibir una casa en una provincia con pronunciado déficit habitacional.
No es el primer escándalo que salpica al Instituto de la Vivienda en 2013. El favoritismo y el amiguismo quedaron expuestos en abril de este año, cuando salió a la luz una lista con los beneficiarios del barrio Lomas de Medeiros. El Gobernador tuvo que desadjudicar varias casas cuando se hizo pública la noticia. En la lista había funcionarios, algunos con propiedades, y otras personas cercanas al Grand Bourg.
En menos de seis meses, varias de esas casas ya muestran remodelaciones importantes, lo que expone que los elegidos contaban con recursos para cumplir, sin ayuda del Estado, el sueño del propio hogar.

(LA VIVIENDA DEL ESTADO QUE RECIBIO MAXIMILIANO ALESANCO EN EL BARRIO MIRASOLES. EL TRIBUNO)

Hermanos y empleados del Estado
Fernando es presidente del Instituto Provincial de la Vivienda desde octubre de 2012; Federico tiene una jefatura con sueldo de director en el Ministerio de Economía y Maximiliano es un psicólogo contratado por el Estado. Además de ser hermanos, los integrantes de la familia Alesanco viven de la administración pública.
Para ingresar, en 2007, los más grandes tomaron la mano del ministro de Economía Carlos Parodi. Fernando fue designado como coordinador financiero de la cartera de Economía y, en mayo de 2011, lo nombraron director del Complejo Teleférico Salta.

Federico Alejandro Alesanco Toffoli también empezó su carrera estatal en el ministerio de Parodi. El 14 de diciembre de 2007 lo pusieron al frente del programa de Asistencia Jurídica. Con el nombramiento, le aseguraron una remuneración equivalente a la de un director general. En diciembre de 2011 le ratificaron el cargo.

Maximiliano, el más joven de los Alesanco, fue contratado por el Estado en febrero de 2008 como “profesional asistente” en la Secretaría de Promoción de Derechos, pero renunció el 26 de marzo de 2013. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2010, presta servicios en la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones.
Una curiosa analogía
En diciembre de 2011, siete meses después de que Alesanco dejara el cargo de coordinador financiero de Economía, asumió al frente de esa dependencia Sebastián Ortiz de Rozas. Este funcionario, desde ese estratégico puesto, logró que le adjudicaran una de las polémicas viviendas de Lomas de Medeiros. Otra beneficiaria de ese barrio fue su hermana, Mercedes Ortiz de Rozas, con cargo en el Ministerio de Turismo de la Provincia.
En Lomas de Medeiros, numerosas casas tuvieron que ser desadjudicadas cuando se conoció que muchas habían sido asignadas a funcionarios, parientes y allegados al Gobierno que ya tenían inmuebles a su nombre.

Pidió una casa y luego abrió una constructora
Tras haberse presentado como aspirante a una vivienda social, Mirta Toffoli, la mamá del presidente del IPV, creó su propia empresa. El 17 de octubre de 2011 inscribió en el Registro Público de Comercio a la Constructora Fefermax SRL. Mirta es socia gerente y tiene el 90% de la participación. El resto está a nombre de María del Valle Alesanco Toffoli. Como domicilio legal de la compañía se fijó Los Carolinos 668. Esa propiedad, en los registros de Inmuebles, figura a nombre de Fernando Alesanco, el titular del IPV. En la cédula parcelaria, la casa está asentada como bien de familia y, entre los beneficiarios, figuran Mirta y Maximiliano Alesanco. Los dos recibieron una vivienda social en el barrio Mirasoles.

Maximiliano, el más joven de los Alesanco, fue contratado por el Estado en febrero de 2008 como “profesional asistente” en la Secretaría de Promoción de Derechos, pero renunció el 26 de marzo de 2013. Desde el 1 de enero de 2010, presta servicios en la Secretaría de Salud Mental.

“Hay una instrucción directa por parte del gobernador, a través del decreto 1056/13, que establece una prohibición taxativa a funcionarios con rangos de subsecretarios o superior, presidentes y directores de empresas o sociedades del Estado, para acceder a viviendas del IPV. El resto de los empleados públicos tiene todo el derecho de acceder a una vivienda, siempre en el marco de la normativa vigente y cumpliendo todos los requisitos”. Pero, en Salta, este decreto no se cumple.

Borraron a 11.000 familias
El Gobierno redujo en 11.000 el número de familias que están inscriptas a la espera de una vivienda. Para hacerlo, eliminó de los registros a todos los que no hubieran actualizado sus datos. Hasta el año pasado, unos 25.000 salteños estaban anotados en el IPV. Pero el 20 de diciembre de 2012 empezó a regir la resolución 675, que dispuso dar de baja a los que no hubieran cumplido con el trámite de renovar información en tres años.

De esta forma, quedó en 14.000 el listado de aspirantes a una vivienda. Muchos de los que fueron borrados llevaban décadas esperando. Los registros no incluyen a los que ni siquiera tienen permitido anotarse en el IPV porque no pueden acreditar ingresos, en una de las provincias con más desempleo. (Fuente: Diario El Tribuno)