Los reclamos de policías abarcan varias provincias y hay temor a saqueos

Yatasto

Una detrás de la otra. Policías de las provincias de Catamarca, Neuquén y Río Negro se plegaron ayer a protestas en reclamo de mejoras salariales, lo que encendió la alarma en el Gobierno, luego de los violentos saqueos registrados en Córdoba esta semana. La situación más difícil se registró en Catamarca, donde un centenar de efectivos irrumpió en la sede del Gobierno en repudio a la oferta salarial elevada por el Ejecutivo y amenazó con cerrar las comisarías, en reclamo de un salario básico de 13 mil pesos. Tras varias horas de tensión, el hall de la Casa de Gobierno provincial fue despejado por efectivos de Prefectura Nacional con gases lacrimógenos y balas de goma que dejaron como saldo tres heridos, mientras que las cámaras de televisión registraron, al menos, a un policía disparando con un arma de fuego hacia el interior del edificio. Por pedido de la gobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, el Gobierno nacional había enviado 200 gendarmes para evitar posibles saqueos como los que ocurrieron en Córdoba y La Rioja como consecuencia de las protestas policiales.
Neuquén
En Neuquén, un grupo de policías realizó una marcha por el centro de la capital para reclamar un incremento salarial que lleve el básico a 12 mil pesos (lo que significaría incrementos de hasta el 50% en sus salarios) y unas 500 personas tomaron la Jefatura de la Policía.
Los efectivos indicaron que pretendían una rápida respuesta al pedido, por lo que anunciaron que se quedarían por tiempo indeterminado en la sede policial, mientras representantes de la fuerza y funcionarios provinciales continuaban con las negociaciones en la Casa de Gobierno para destrabar el conflicto.
El subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana de la Provincia, Gustavo Pereyra, aseguró que la policía “está trabajando” y reconoció que se produjo un intento de saqueo en un hipermercado.
Río Negro
Mientras tanto, en Río Negro hubo una protesta de personal policial en la ciudad de Cipolletti, lo que motivó que los comerciantes de la zona norte bajaran las persianas, aunque por la tarde finalmente hubo un acuerdo por mejoras salariales y el pago en término de las sumas por servicios adicionales, informo la prensa local.
El comisario de la regional quinta, Néstor Bobadilla, aseguró que se trataba de efectivos que estaban “de franco”, por lo que “no entorpecieron el normal desenvolvimiento del servicio”.
San Juan y Mendoza
La red social Twitter jugó un papel crucial en San Juan. Circularon mensajes advirtiendo de un acuartelamiento de la policía, y la gente se asustó. Los comercios cerraron preventivamente, mientras desde el Gobierno provincial intentaron llevar calma y quitarle credibilidad a los rumores de saqueos.
Mendoza no es ajena a los reclamos salariales de las policías y el lunes el ministro de Seguridad local, Carlos Aranda, se reunirá con efectivos de la fuerza para dialogar, aunque el funcionario aclaró que “está todo absolutamente normal”. No obstante, en la capital hay 400 gendarmes en alerta.

Vinculan a saqueos con el narcotráfico

El Gobierno nacional dijo ayer que implementa acciones “preventivas y planificadas” para evitar un “efecto contagio” por los saqueos registrados en diferentes puntos del país y destacó el éxito de esas medidas al asegurar que no se produjeron nuevos ataques.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que “algunos gobernadores manifiestan que efectivamente parte de estas bandas delictivas” están relacionadas con el narcotráfico, como en el caso del mandatario de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y manifestó que en los saqueos en Córdoba “puede haber ocurrido exactamente eso”.
El funcionario expresó que se va a someter a los 96 detenidos por los robos en esa provincia “a un proceso de carácter judicial y la Justicia tiene que investigar” para determinar si hay vínculos entre los saqueadores y el narcotráfico.
Capitanich dijo que quienes llevan adelante los saqueos son “grupos determinados” con una “estrategia planificada que hay que desbaratar”.
“Hay organizaciones de todo tipo que todo el tiempo están pretendiendo generar disturbios. Lo que nosotros tenemos que garantizar es la paz social y allí es donde el Estado, en forma coordinada en todos sus niveles de gobierno, debe establecer los mecanismos para que esto no ocurra”, destacó.