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La iniciativa fue redactada por el diputado Manuel Santiago Godoy, y serán tareas del museo garantizar la protección, conservación y difusión de los bienes culturales, materiales e inmateriales, relacionados a la época en que se ejecutó el terrorismo de estado desde la década del 70 hasta la recuperación de la democracia a principios de los años 80.
Este tendrá como antecedentes el museo que existe en la Esma, el archivo Nacional de la Memoria, los ex centros de detención La Perla y La Ribera en Córdoba y el inmueble donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPPBA), en la ciudad de La Plata.
Justamente una de las tareas del museo será coadyuvar en la recuperación o señalamiento de los predios o lugares en donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieren ocurrido otros acontecimientos emblemáticos de la época.
«La Provincia de Salta carece de una institución dedicada especialmente a la protección de la memoria sobre los hechos sucedidos al amparo del terrorismo de estado en su territorio y en el NOA, de una institución que esté dedicada no solamente a la recopilación de la documentos y archivos, los que son de suma importancia y reciben el tratamiento del Archivo Provincial de la Memoria, sino también a la recuperación de la memoria relacionada la generación que fue víctima del terrorismo de estado, sus historias de vida, sus ideales, inmersa en el contexto político y social de la época, y de todos los demás elementos y bienes, materiales e inmateriales, que permitan exhibir y explicar lo sucedido durante el terrorismo de estado en tierras salteñas y en el NOA con técnicas propias de la historia, la antropología y la museología, entre otras ciencias sociales», explica Godoy en los fundamentos.
Además se buscará que en el ámbito de este museo se resalte la figura del ex gobernador Ragone, quien fue víctima de este terrorismo de Estado y que actualmente permanece desaparecido.
«El nombre del museo simboliza a la generación que reivindicaba las banderas de libertad, igualdad y justicia social y que por ellas se convirtieron en objetivos del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por los responsables del terrorismo de estado y la dictadura cívico-militar argentina», argumentó el presidente de la Cámara Baja.
