Distribución discrecional de propiedades en Rosario de Lerma

El intendente Ramos desmintió al IPV y afirmó que las viviendas no eran sólo para peones rurales.
La distribución discrecional de las propiedades preocupó a diputados y tuvo repercusión nacional. Fondos federales, terrenos aportados por el Estado provincial, crisis habitacional y viviendas sociales adjudicadas discrecionalmente a funcionarios. El combo de irregularidades e impunidad que fue revelado ayer por El Tribuno, sobre las 100 casas que se entregaron en Rosario de Lerma, causó indignación en distintos ámbitos. Aún más entre los ciudadanos que esperan desde hace años una respuesta del Gobierno salteño para poder acceder a un techo digno.
La primera irregularidad que surgió sobre la polémica entrega de viviendas de la ciudad vallista, que se realizó el lunes pasado, es que el Gobierno había anunciado que las edificaciones iban a estar destinadas a peones rurales. Lejos de esto, la mayoría de los beneficiarios son empleados municipales y personas que nada tienen que ver con el trabajo en el campo. Peor aún: hay funcionarios de alto rango de la comuna que dirige el intendente Sergio Ramos y allegados al poder en la lista de adjudicatarios.
Al respecto, el jefe comunal se apresuró a desmentir al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y afirmó por este medio que las casas «no eran para peones rurales», como había sido publicado por el organismo provincial. El diputado por Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún afirmó, por su parte, que el intendente Ramos «intervino» para favorecer a algunos de los adjudicatarios del plan de viviendas. «En Rosario de Lerma hay alrededor de que 500 familias inscriptas en el IPV a la espera de una solución habitacional y no puede ser que hayan beneficiado a políticos con estas casas», agregó ofuscado el legislador.
En tanto, el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, Matías Posadas, negó, en diálogo con una radio local, que se hayan entregado casas sociales a funcionarios, como probó El Tribuno en su informe.
Viviendas a discreción
Las 100 casas fueron construidas sobre un terreno cedido por el Gobierno de la Provincia, en la zona norte de la ciudad. Pertenecen al plan federal Techo Digno, que debe fiscalizar el IPV.
La edificación estuvo a cargo del Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT), organismo dependiente del sindicato de la Uocra. Bajo este programa, las casas no se sortean y son adjudicadas a dedo por dirigentes gremiales, a quienes les otorgan cupos de viviendas para repartir.
Los beneficiados
Entre los flamantes propietarios del complejo habitacional facilitado por el IPV se encuentran la tesorera de la Municipalidad de Rosario de Lerma, Ángela Rodríguez, y su esposo, Alfonso Aramayo, chofer del intendente. La pareja reside en la finca San Bernardo, de unas 80 hectáreas.
También fueron beneficiados un ladero del jefe comunal, Mario Liendro, a cargo de los consejos barriales; la jefa de Prensa, Marilina González Graffo; la titular del área de la Tercera Edad, Patricia Quispe, y otro chofer del intendente, Miguel Delgado. Además recibieron casas el hijo del secretario de Obras Públicas y expresidente del Concejo Deliberante, Néstor Ramos, y la pareja del funcionario de Obras Públicas, Gustavo Pos Pos.

(Fuente: El Tribuno)